En Baleares hay dos relojes distintos y una fecha bisagra. La multa por una infracción urbanística grave prescribe a los ocho años; la orden de demolición, en cambio, puede no prescribir nunca. Y todo cambia según la obra se terminara antes o después del 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor la Ley 12/2017 de urbanismo de las Illes Balears (LUIB). Entender qué reloj aplica a cada cosa es la diferencia entre un problema cerrado y una demolición posible dentro de veinte años.
Dos planos que no se comunican
La infracción urbanística genera dos consecuencias separadas: la sanción económica y el deber de restablecer la legalidad (demoler, reconstruir, cesar el uso). Cada plano tiene sus propios plazos. Que la multa haya prescrito no impide la demolición; que la demolición ya no sea exigible no borra una multa impuesta en plazo. Los expedientes se ganan o se pierden distinguiendo ambos.
El reloj de la sanción
Las infracciones leves prescriben al año y las graves a los ocho años, contados desde la total terminación de la obra o el cese del uso. Las sanciones ya impuestas tienen también su propio plazo de prescripción si la administración no las ejecuta. «Total terminación» es un concepto de prueba: una obra a medias no arranca el cómputo, y acreditar la fecha exacta es a menudo el corazón del pleito.
El reloj del restablecimiento: el artículo 196.2 de la LUIB
La regla general es de ocho años, pero la LUIB declara imprescriptible la acción de restablecimiento en supuestos que en Ibiza son el pan de cada día: obras y usos en suelo rústico —todo el rústico, no solo el protegido—, parcelaciones en rústico, y actuaciones que afecten a bienes catalogados o de interés cultural, parques, jardines, espacios libres, infraestructuras públicas y reservas dotacionales. En esos casos, la administración puede ordenar la demolición en cualquier momento, con independencia de los años transcurridos y de quién sea hoy el propietario.
La fecha bisagra: 1 de enero de 2018
La imprescriptibilidad en rústico común la introdujo la LUIB. Las obras totalmente terminadas antes del 1 de enero de 2018 se rigen por la ley anterior (LOUS), con la que la acción de restablecimiento en rústico común prescribía a los ocho años. Traducido: una casa acabada en rústico común en 2015 puede estar hoy fuera del alcance de una orden de demolición; la misma casa acabada en 2019, no lo estará nunca. La prueba de la fecha —ortofotos oficiales, catastro, expedientes, facturas, actas notariales— es el activo más valioso del propietario.
Prescrito no significa legal
La prescripción impide sancionar o demoler, pero no convierte la obra en legal: queda en situación asimilada a fuera de ordenación, con limitaciones para obras futuras, dificultades de financiación y seguros, y sin acceso a títulos que exigen legalidad, como la cédula de habitabilidad o la licencia turística. Vender «lo prescrito» como si fuera legal es, además, una fuente clásica de litigios de compraventa.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo se cuenta el plazo?
Desde la total terminación de la obra o el cese del uso. La carga de probar la fecha favorece a quien conserva documentación: guarda todo.
Mi casa está en rústico y se acabó en 2010: ¿pueden demolerla?
Con carácter general, la acción de restablecimiento habrá prescrito bajo la ley anterior si era rústico común y no protegido, pero cada expediente exige verificar suelo, fecha y afecciones.
¿La administración puede reabrir un expediente antiguo?
Si la acción no ha prescrito —y en rústico posterior a 2018 no prescribe—, sí. La pasividad administrativa no genera derechos.
¿Una obra prescrita se puede inscribir y vender?
Puede acceder al Registro como edificación antigua, pero comprador y financiador descontarán sus límites. Declarar su situación real evita pleitos.